Los Emiratos Árabes Unidos se preparan para convertirse en el primer país del mundo en utilizar inteligencia artificial en la creación y actualización de su marco legal. Según informes recientes, el gobierno emiratí implementará un sistema de IA que promete acelerar el proceso legislativo en un 70%, según declaraciones del primer ministro Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

El ambicioso proyecto ya cuenta con una estructura dedicada: la Oficina de Inteligencia Regulatoria, creada la semana pasada para supervisar esta innovadora aplicación tecnológica. Sin embargo, especialistas en inteligencia artificial y derecho plantean serias reservas sobre esta iniciativa.

Entre las principales preocupaciones destacan la capacidad real de los sistemas de IA para interpretar el complejo entramado social y cultural que subyace en toda norma jurídica. Los algoritmos, por más avanzados que sean, carecen de la experiencia humana necesaria para valorar matices éticos o consecuencias sociales imprevistas. Además, persiste el riesgo conocido como «alucinaciones» de la IA, donde los sistemas generan información falsa o contradictoria.

El caso emiratí marca un hito significativo en la aplicación de tecnologías emergentes a la esfera pública. Mientras otras naciones emplean la IA como herramienta de apoyo para análisis legislativo o mejora de servicios gubernamentales, los EAU dan un paso más allá al otorgar capacidad decisoria a sistemas automatizados.

Expertos internacionales siguen con atención este experimento, cuyos resultados podrían redefinir el futuro de la gobernanza global. La iniciativa plantea cuestionamientos fundamentales: ¿puede delegarse el proceso legislativo – intrínsecamente humano – a máquinas? ¿Cómo garantizar la transparencia y equidad en normas creadas por algoritmos?